EL SALVADOR. Como cualquier otro comprador entró en la tienda de ropa, pero antes que avanzara en su silla de ruedas más de un metro, una empleada lo detuvo y le dijo: “Lo siento, aquí no se puede entrar a pedir limosna”. El caso de este ciudadano salvadoreño no es único, según Maritza Melara, directora del área de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), hay casos en los que no se les presta la atención que se les da a otros consumidores, “en razón de su discapacidad”, dice.

De acuerdo a Armando Flores, director de la Defensoría del Consumidor, en la institución se conoció el caso de una persona con discapacidad física a la que no se le permitió la entrada a un restaurante “porque usaba silla de ruedas”.

El funcionario explica que las personas con discapacidad son también consumidores, pero en muchos lugares sus derechos como tales no son respetados.

Como un paso para sensibilizar a la empresa privada sobre la realidad que las personas con discapacidad tienen que enfrentar a diario, ambas instituciones junto a la Asociación de Ciegos de El Salvador (ASCES) realizaron este lunes el foro “Las Personas con Discapacidad y sus derechos como consumidores”.

Julio César Canizález, presidente de ASCES, dijo que esta es una iniciativa que promovió la institución que representa, “se busca realizar con autoridades del Gobierno actual para lograr que las personas con discapacidad de una vez por todas tengamos el acceso a la información que nuestra Constitución y que la Ley de Equiparación establece”.

Según indicó, esta última manda a que en el comercio haya sistema Braile, Macrotipo o audio para informar sobre los productos que se comercializan, lo mismo en el caso de los servicios básicos como: agua, energía eléctrica o teléfono. “Nuestra propuesta tiende a buscar que todos aquellos que prestan servicios o que elaboran productos, los etiqueten, los marquen con cualquiera de estos sistemas”, agregó. Ejemplificó que en el caso de los recibos de servicios básicos, las personas ciegas tienen que buscar quien les lea de cuánto es la tarifa que tienen que cancelar.

Canizález argumentó que como consumidores tienen derecho a que esa información les sea facilitada, pues pagan sus impuestos como cualquier otro ciudadano, “por lo tanto, la Ley del Consumidor establece que podemos exigir que se den estas situaciones”.

Melara indicó que la inclusión no es sólo construir rampas de acceso o marcar parqueos en los centros comerciales, sino vigilar que no se cometan abusos en contra de los discapacitados.

Expresó que no hay control en los precios de los artículos que necesitan algunas de la personas con discapacidad, tal es el caso de las sillas de ruedas que en el país cuestan hasta cuatro veces más que en el extranjero.

Asimismo, la funcionaria habló de la compra de medicamentos o de condones, para una persona con discapacidad visual es imposible saber la fecha de vencimiento pues esta no está en Braile, lo que pone en riesgo su salud.

La Ley de Equiparación promueve la igualdad bajo la premisa de que debe haber las mismas oportunidades en los distintos ámbitos de la sociedad, de tal forma que todas las personas se desenvuelvan con la mayor autonomía posible.

“Quien discrimina está en contra de la ley”, aseguró Flores, quien agregó que la institución que preside, vigila y da seguimiento para que los consumidores, sin importar su discapacidad, sexo, raza, condición económica o social, puedan gozar de los derechos que la ley les otorga.

San Salvador, El Salvador. 16/06/2010. AUTORA: Zoraya Urbina.
FUENTE: DiarioCoLatino.com