La cita es irónicamente en la taquilla de los cines Box de Ourense, donde espera María Cudeiro, una mujer joven y vital quien, a pesar de su juventud, lleva veinte años trabajando por el cumplimiento de los derechos humanos, concretamente, del colectivo de las personas con diversidad funcional (discapacidad), a lo que ella pertenece. María asegura con sorprendente firmeza que no duda a la hora de denunciar cualquier situación que infrinja la normativa de accesibilidad o sus derechos básicos, ya sea “poder elegir su asiento en un avión” o que “los baños de una gasolinera sean accesibles”.

Esta determinacion es la que la llevó hace casi una década a iniciar una batalla legal contra el Ayuntamiento de Ourense y los cines de esta ciudad, y gracias a esa misma obstinación, que no le permitió abandonar su lucha en ningún momento, recibió una de las mayores gratificaciones: dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que le dan la razón y dignifican a todo un colectivo.

María reconoce que no esperaba una sentencia favorable porque “la ley gallega tiene muchas lagunas. La hicieron en un día y es una chapuza. Tiene muchas normas contradictorias y absurdas” y además señala que estas pueden cambiar de una comunidad a otra, una falta de consenso que redunda en crear mayores dificultades.

Para María “la clave para ganar los juicios está en cambiar la normativa gallega: si hubiera una normativa clara, ganaríamos". La actual habla de “poner barreras, inodoros, y demás, pero no dice cómo”, permitiendo que los sistemas de accesibilidad a veces sean inútiles e inservibles para quien los precisa, por lo que ve necesario crear “una normativa razonable”.

Fruto de la casualidad, esta ourensana conoció en 2001 que la empresa de cines Lauren había solicitado las licencias de obra y actividad para la construcción de ocho salas de cine en la ciudad de las Burgas. Acostumbrada a ver cada día como estas obras no suenen estar adaptadas para el acceso de personas en silla de ruedas, María pidió ser parte interesada en el proceso, y es así como descubrió que, efectivamente, sus sospechas eran fundadas, pero nadie quiso escucharla y el proyecto siguió adelante.

“Esto no fue un error, un error es olvidarse de algo. La primera vez que presenté la denuncia no había nada construido, fue sobre lo plano y el Ayuntamiento estaba advertido de que se seguían adelante con el proyecto, lo denunciaría”, por lo que decidió emprender la vía judicial.

Ese mismo año las denuncias llegaron ante la Comisión Técnica de Accesibilidad de la Xunta y la Subdirección de Disciplina de la Dirección General de Urbanismo, quien respondieron de manera contraria a pesar de tratarse de dos órganos del incluso Gobierno. Mientras que la primera archivó el caso sin realizar un estudio previo, la segunda, curiosamente, le dio la razón a María y emitió un amplio informe, con fotografías, en el que se indicó que las salas “incumplían la diversa normativa de accesibilidad de Galicia.

Ante esta situación, unos meses más tarde, el Ayuntamiento de Ourense comunicó la María que el proyecto había sido modificado y que los planos estaban a su disposición para que pudiera presentar los alegatos que considerara oportunos. Pero, a estas alturas, los cines ya estaban construidos e incluso funcionaban, sin contar con las imprescindibles licencias de obra y actividad, lo que constituía una “grave infracción urbanística” por parte del Ayuntamiento de Ourense, y asimismo, las reformas presentadas en el nuevo proyecto tampoco cumplían la normativa. Una vez más, Cudeiro decide denunciar los hechos.

Siete años después, en 2008, tras una larga espera y dos reclamaciones, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) le dio finalmente la razón a María, lo que supuso una importante victoria: “El Ayuntamiento pensó que me iba a rendir, que no iba a seguir porque el coste en segunda instancia son 20 millones (de las antiguas pesetas), que estaría loca si lo hiciera”.

Pero la sentencia le dio la razón a la joven y el Ayuntamiento invitó a María a una reunión en el consistorio para tratar de conseguir una solución al problema, ya enquistado en la agenda del gobierno local. Lo que comenzó siendo una reunión amistosa termino en un “enorme enfado” para Cudeiro: “Me coaccionaron diciéndome que la ciudad iba a ir contra mí, que era una egoísta, una insolidaria, que el mundo no estaba hecho para las personas como yo, que tenía que pensar en la mayoría”. De lo hablado en el encuentro María recuerda con especial rabia la propuesta de la concejal de Urbanismo, Áurea Soto, quien vio como una posible solución que “cuando los minusválidos fuésemos al cine, avisásemos al de las palomitas, y que él estuviera pendiente, por si había un incendio, para sacarnos por la entrada”.

“No podemos quedar en casa mirando el televisor. Me da igual lo que me ofrezcan, yo voy a seguir pidiendo la ejecución forzosa de la sentencia”, que consistiría en el derribo de los cines Box de Ourense y su reconstrucción de acuerdo con las normativas de accesibilidad e incendios, unas obras que “implicarían un gasto económico elevadísimo, no solo porque tendrían que tirar el cine entero, sino que habría que indemnizar a la empresa de los cines, despedir a un montón de gente, saldría perjudicado el centro comercial, el festival de cine independiente de Ourense, y la imagen de la ciudad. Donde se vio una ciudad sin cines”.

En 2009 los cines cerraron durante dos días, tras lo que el Ayuntamiento comunicó la María que en las salas ya se habían efectuado las reformas necesarias, pero en esos dos días “no se movió ni un tornillo”, asegura Cudeiro. “Nos llevan tomando el pelo todo el año que lleva a la espera de la ejecución forzosa pero el Ayuntamiento nunca tuvo intención de cumplir la sentencia, y sólo ahora, cuando el asunto sale en la prensa, cierran el cine dos días para callar a la gente”.

A pesar de la frustración de contar con dos sentencias de los TSXG favorables, pero ver como no se hace justicia, María asegura que no va a descansar hasta que se cumpla la ejecución forzosa de las mismas y seguirá luchando contra las “largas” del Ayuntamiento, a quien acusa, junto con “todos los técnicos que le dieron el visto bueno a las obras, de fraude, mentirosos y prevaricación”.