Federico está en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, adonde le ha mandado un juez de Málaga durante dos años por agredir a su madre y a una cuidadora. No es la primera vez, ni mucho menos, y puede que tampoco sea la última.

Era un niño muy bueno, conbrillantes calificaciones escolares, pero las cosas se torcieron cumplidos los 12 años. La madre visitó médicos, ensayó terapias, buscó centros especializados y el apoyo de asociaciones de discapacidad mental. Los diagnósticos eran imprecisos, y luego sus delirios se mezclaron con las drogas, era ya imposible vivir con él. Si se levantaba cabreado me tiraba el tazón del desayuno, o rompía un cristal, no estaba en sus cabales, dice la madre, María, que, igual que para su hijo, solo quiere que figuren en este reportaje nombres ficticios. Es por miedo.

El candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, ha propuesto hoy sustituir la actual ley estatal de la dependencia por otra norma catalana, que promueva el "máximo grado de autonomía personal de las personas dependientes".

El presidente de la Generalitat, José Montilla, pasó apuros y reconoció anoche en el programa de TVE Tengo una pregunta para usted que el Gobierno catalán desconocía exactamente la situación que se encontraría al aplicar la Ley de Dependencia y que eso lo llevó a improvisar en algunas soluciones. Núria Gómez, trabajadora social de 25 años y discapacitada, le expuso su caso: se encuentra con que la Generalitat le da como alternativa ingresarla en una residencia antes que pagarle la atención en casa. El presidente reconoció que el Gobierno no sabía muy bien cuánto costaría la Ley de Dependencia y que los datos de los que disponían no siempre resultaron fiables. Montilla zanjó la cuestión ofreciéndose a estudiar su caso: Lo que usted expone parece sensato. Si me da los papeles, atenderé su caso.

La sentencia condena a la Administración, que desestimó en su día la petición presentada, a abonar 5.021 euros

El fallo, el primero de este tipo en la provincia, abre la puerta a otras demandas

Hace unos días, en una entrevista a La Voz de Galicia, la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, cifraba el número de grandes dependientes que solicitan ayuda en Galicia en cerca de 30.000 frente a los 16.500 que se preveían. Señalaba también que uno de cada tres dependientes valorados están aún sin atender.

Javier Romañach, del Foro de Vida Independiente, pide una caja común como la de las pensiones

Un nuevo marco económico, político y jurídico para una ley diferente que atienda las demandas vitales de las personas con diversidad funcional (discapacidad). Ésa es la pretensión del Foro de Vida Independiente que rechaza la actual Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia porque "promociona la dependencia y el café para todos", según su presidente, Javier Romañach.

La norma, en vigor desde hace tres años, beneficia a 463.303 personas. No obstante, su implantación es lenta

1. RETRASO EN HACER LLEGAR LA AYUDA

Las ayudas tardan en llegar hasta 15 meses. Las autonomías han agilizado la evaluación de los dependientes, pero el siguiente paso, la determinación del tipo de prestación que se da, sigue estancado. Un 36% de las personas con derecho a ayuda aún la espera.

"¿Dónde están las ayudas para los mayores?"

Las personas con diversidad funcional (discapacidad) constituyen el 8,5% de la población, conformando, además, un colectivo que se irá incrementando conforme la edad de la población aumente. En la mayoría de los casos son personas discriminadas por el hecho de que sus cuerpos y mentes funcionan de manera diferente al de la mayoría de la gente,y no solamente a causa de las barreras arquitectónicas, como se suele pensar, sino también debido a actitudes paternalistas que prejuzgan a estas personas como incapaces de tener el control sobre sus propias vidas, todo ello por la sola razón de necesitar apoyo.

COMUNIDAD VALENCIANA. Cientos de personas piden que se agilicen las ayudas de la ley en la Comunitat, cuando se cumplen tres años de su entrada en vigor

Mientras ríos de gente discurrían por la calle Colón en busca de sus regalos navideños, ellos lo hacían con otro anhelo: cobrar las ayudas de la ley de Dependencia. En sus manos no había bolsas sino muletas, las ruedas que impulsan sus sillas y pancartas. Así transcurrió ayer la quinta protesta que tiene lugar en Valencia esta semana para pedir una mejor aplicación de la norma, cuando se cumplen tres años de su entrada en vigor.

GALICIA. Una sentencia dictada el 20 de octubre por el Juzgado Contencioso-Administrativo número uno de A Coruña ha condenado al área de Vicepresidencia de Igualdade e Benestar de la Xunta, un departamento que ya no existe al ser eliminado por el nuevo Gobierno autonómico y haber pasado a ser competencia de la Consellería de Traballo, a abonar a una vecina de ese mismo municipio todo lo que le debía desde julio del 2008. Esta fue calificada por los técnicos autonómicos con el grado tres, nivel uno, de dependencia, uno de los que requieren mayor atención.

COMUNIDAD VALENCIANA. La familia de una joven de Alicante con parálisis cerebral lleva al juzgado las trabas del Consell a reconocerle la máxima protección

Los beneficiarios de La Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana, hartos de los retrasos que sufren sus peticiones, han optado por recurrir a los juzgados en un intento de acceder a los derechos que las trabas de la Generalitat a la aplicación de la norma estatal les niega o ralentiza. Este es el caso de la familia de Ayeisa Méndez, una joven de Alicante de 27 años con parálisis cerebral y el 87% de minusvalía. La familia demanda el máximo nivel de protección para su hija, o sea, una persona permanentemente a su cargo, lo que no le reconoce Bienestar Social.