La madre de la niña, Mónica Sumay, recuerda que la enseñanza no se concibe como un negocio

Felipe González consiguió que emergiese el coraje de Antonio Sumay Lobato, abuelo de Alejandra, una niña discapacitada que tuvo que esperar cinco meses para que un juez ordenase su escolarización inmediata en su colegio de toda la vida, el CEIP Progreso de Catoira, donde cursa segundo de la ESO. El ex presidente del Gobierno hablaba de la igualdad en el acceso a la educación cuando este veterano militante socialista, levantó el ejemplar de FARO DE VIGO del sábado, en el que se contaba la odisea de esta familia para que la menor fuera readmitida en el centro escolar de su localidad.

GALICIA. Educación quiso trasladar a la niña a Vilagarcía

A las nueve de la mañana, Alejandra llegó al colegio Progreso de Catoira del brazo de su madre, Mónica Sumay. Las dos enfilaron el callejón tras casi cinco meses de batalla con la Administración educativa que, al carecer de sentimientos, decidió que la estudiante se desplazase a Vilagarcía para proseguir sus estudios, debido a su grado de discapacidad.

Pero el juez de primera instancia número 1 de Pontevedra devolvió la cordura a la situación y determinó que Alejandra debe seguir escolarizada en su centro de toda la vida, en el que cursó todas las etapas educativas hasta el pasado año.

GALICIA. La madre de la menor, Mónica Sumay, aseguró que llegarán hasta el final.

Alejandra, la niña discapacitada de Catoira, a la que Educación obligaba acudir a un centro especial en Vilagarcía dejando su colegio de toda la vida, “Progreso”, podrá volver a este, gracias a un auto judicial, mientras no se resuelva el litigio presentado por sus padres contra la decisión de la Xunta.

Educación la envía a un centro especial pese a la voluntad familiar de que no sea excluida

Los padres de Alejandra -una niña gallega de 14 años con diversidad funcional intelectual- se han visto ingratamente sorprendidos al conocer la decisión de la Delegación Provincial de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en Pontevedra, al cambiar la modalidad de escolarización de la niña para el próximo curso, lo que supone su traslado desde el CPI “El Progreso” de Catoira (Pontevedra) –donde siempre ha estado escolarizada y en cuyo municipio está ubicado el domicilio familiar- hacia el Centro de Educación Especial de Vilagarcía de Arousa, alejado 15 kilómetros.

Esta arbitraria decisión es una ofensa al sentido común y una grave vulneración de los derechos humanos de mi hija, declara Mónica Sumay, madre de Alejandra, que hasta ahora no había recibido ninguna notificación oficial, enterándose a través de una comunicación de la dirección del actual centro, con lo cual no se ha tenido en cuenta para nada la opinión de los padres, en contra de las normativas vigentes.